Ana Helena Chacón Echeverría
Vicepresidenta de la República
La historia de la humanidad es evolución y eso significa cambio y adaptabilidad. Lo mismo sucede con los sistemas educativos, en su obligación de responder adecuadamente a las necesidades sociales que van surgiendo. El paradigma educativo hoy es distinto, ahora pensamos en nuevas prácticas desde la diversidad cultural y el pluralismo; apostamos por modelos para la inclusión y la eliminación de las diferencias con la idea de lograr homogeneidad.
Por ello, debemos volver la mirada hacia las personas en su amplitud y diversidad, para comprender que educarse, cualquiera que sea la circunstancia de cada quien, es un derecho humano. Y la educación inclusiva es la visión más amplia e integral que pondera ese derecho para todas las personas y que las ubica en una condición de equidad. No discrimina, no segrega, no integra y tampoco es sectaria ni sexista. Entonces, en este nuevo paradigma de inclusión, la discapacidad no es una sentencia para la desigualdad, la exclusión y menos para la lástima. Las personas con alguna condición de discapacidad del entorno educativo o de cualquier otro, tienen derecho a un trato equitativo, igualitario e inclusivo.
Nos urge superar ya la visión de “un niño o niña especial”, eso somos todos los seres humanos por únicos e irrepetibles. Nos corresponde dejar atrás el dicho de “capacidades diferentes”, porque todas las personas –con una discapacidad o sin ella- tenemos distintas capacidades. Debemos abandonar la sobreprotección del “pobrecita… esta o aquella persona” por su discapacidad, para sustituirla por una concepción de derechos que se aleja de la lástima. Es imperativo, por ello, hablar de inclusión y no de integración. Esta última aparta, segrega y reproduce concepciones lesivas. El aula integrada, por ejemplo, es un salón distinto, un lugar apartado a donde van quienes “son diferentes” porque se lo creó exclusivamente para personas con ciertas características que los “desiguala” del resto; y eso debe cambiar.
Todavía se habla de “fulanito el de la silla de ruedas…” o de “sutanita la que tiene parálisis cerebral…” porque persisten los prejuicios y las prácticas sociales donde se alude a alguien por su “deficiencia” y no por ser persona, por su esencia como ser humano.
En nuestra sociedad, el diagnóstico de una condición de discapacidad sigue siendo asumido como el pronóstico de lo que será la vida de aquella persona. Se la declara, por su discapacidad, como alguien “que no puede y que no podrá…” en lugar de convertir aquel diagnóstico en un punto de partida para potenciar y maximizar el desarrollo de cada niño o niña independientemente de su condición. Por eso, la transformación social en el mundo globalizado debe ser profunda, y en ese contexto la responsabilidad de la educación es enorme y señera; debe educar desde la inclusión y con una visión amplia de derechos humanos.
Así lo hemos entendido en la Administración Solís Rivera y desde el primer día nuestra visión es avanzar hacia una educación inclusiva como regla para todos los niños y niñas, independientemente de su condición. Pretendemos con ello, que la asistencia a centros de apoyo, de educación especial o aulas diferenciadas llegue a ser más bien la excepción y un recurso exclusivamente para quienes, por una condición de discapacidad muy severa, les sea imposible recibir educación.
Claramente, falta mucho por hacer, es ahora que tenemos la palabra para educar desde esta visión más respetuosa y fresca; tomémosla entonces, es un imperativo y es nuestra esperanza de tocar un día el horizonte de un mundo con verdaderas posibilidades para todas y todos.