Sonia Marta Mora Escalante
Ministra de Educación Pública
En abril de 2015 presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar la Ley de creación del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), normativa que regula el régimen de inspección y supervisión estatal de los servicios de educación superior que ofrecen entidades privadas. La propuesta fue dictaminada por la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación durante el último periodo de Sesiones Extraordinarias. Ahora, el análisis y la discusión continuarán en el Plenario Legislativo.
La reforma que impulsamos gira en torno a tres ejes fundamentales:
Mejorar la calidad de la educación superior privada. Es necesario modificar la ley vigente y hacer obligatoria la acreditación de las carreras de, al menos, tres áreas de conocimiento: educación, salud y las ingenierías (incluida arquitectura) de la construcción, de modo que las universidades que gradúen profesionales en estas materias, queden obligadas a respetar la norma nacional de calidad en la que se sustenta la acreditación. Igualmente, para garantizar la calidad de la educación se hace necesario la acreditación institucional, es decir, de cada institución como un todo.
Derechos de las personas estudiantes. Hasta la fecha, la ley carece de un elenco de derechos y obligaciones que garanticen a los estudiantes seguridad jurídica durante el proceso de formación profesional. El proyecto de ley que se tramita viene a llenar ese vacío normativo tan notorio.
Mejora continua del CONESUP. CONESUP requiere de modificaciones estructurales y ampliar y fortalecer sus competencias. Para cumplir con ese objetivo, el proyecto de ley propone reformas puntuales en la composición de su directorio, la inclusión de nuevas competencias en materia de supervisión e inspección de la educación superior privada y el fortalecimiento de sus competencias disciplinarias sobre las universidades privadas, así como la asignación de nuevos recursos presupuestarios. Se propone, además, un procedimiento administrativo especial, con reducción de plazos para resolver, con el objetivo de agilizar la gestión administrativo – educativa del CONESUP.
En forma paralela, la administración ha priorizado el optimizar su gestión. Desde octubre de 2015, el CONESUP puso en ejecución un programa de mejora continua, que pasa fundamentalmente por generar avances para transparentar la información sustantiva –mediante su publicación por medios electrónicos– que interesa a las personas usuarias, como las listas de profesores autorizados, carreras, programas, sedes, entre otros, en esto se está trabajando. También, la revisión de procedimientos y el establecimiento de nuevos protocolos de operación que garantizan la seguridad jurídica, con celeridad y calidad en el servicio.
Costa Rica merece un marco normativo moderno y ajustado a las necesidades, tanto del país como de las personas estudiantes y las instituciones que ofrecen el servicio. La primera universidad privada se fundó en 1976. Cinco años después nació el CONESUP para ofrecer garantías mínimas por parte del Estado, y en un par de décadas el país pasó de esa única casa de estudios a 53 instituciones, y una gran cantidad de sedes en todo el territorio nacional. Más que nunca la regulación, el control y el impulso a la calidad se hacen no solo necesarias, sino urgentes.
Importante acotar que en 2002 se creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, estableciendo así un proceso de acreditación para las carreras universitarias. Sus criterios y estándares tienen carácter oficial de norma académica nacional de calidad. Aunque algunas universidades están realizando importantes esfuerzos por acreditar sus programas de estudio, aún son muy pocas las que deciden incorporarse de manera voluntaria a este proceso: esto hace imposible el control por parte del Estado sobre la calidad de la educación que se recibe, lo cual atenta contra el derecho de los estudiantes que invierten tiempo y dinero, así como el de la sociedad de recibir profesionales idóneos para el ejercicio profesional.
Las reformas propuestas son necesarias para superar el rezago acumulado. Apuntan a mejorar la calidad de los servicios educativos privados y, en consecuencia, la formación profesional. Promovemos cambios sustantivos que, con toda seguridad, incidirán en el crecimiento y el desarrollo nacional.